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•    Responsables de los ministerios de educación, defensa y asuntos exteriores de más de 20 países han sido invitados a una capacitación técnica orientada a la protección de la educación en situación de conflicto armado 

•    Entre 2020 y 2021 en 27 países se produjeron más de 3.000 ataques contra instalaciones educativas, estudiantes y educadores/as, según la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), que coorganiza este encuentro

 

La Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) comienza hoy un programa internacional de formación para impulsar el cumplimiento de la Declaración de Escuelas Seguras y las Directrices para la Protección de Escuelas y Universidades de uso Militar durante los Conflictos Armados. Se trata de la segunda edición de la formación tras la impartida por la Agencia en 2021.

En el encuentro, coorganizado por la AECID y la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), participan representantes de 23 países: Benín, Botsuana, Brasil, Colombia, Eslovenia, Ghana, Guyana, Costa de Marfil, Kenia, Malasia, Malawi, México, Moldova, Mozambique, Namibia, República Demorática del Congo, Senegal, Somalia, Togo y Túnez, así como España, Nigeria y Noruega, países impulsores de la Declaración. 

En palabras de Antón Leis, director de la AECID, que dio la bienvenida a los asistentes: “La Declaración sobre Escuelas Seguras constituye el mayor compromiso político internacional para garantizar el derecho a la educación durante los conflictos armados. Somos ya 118 Estados los que nos hemos comprometido a proteger a estudiantes y docentes y a evitar que las escuelas y universidades se conviertan en recursos u objetivos militares.”

La formación está específicamente diseñada para representantes de las Fuerzas Armadas y de ministerios de educación, aunque cada estado puede incluir, además, participantes de sus Ministerios de Igualdad - o instituciones equivalentes- así como de sus Ministerios de Asuntos Exteriores. 

Con esta segunda formación España consolida su rol en la agenda internacional para proteger la educación frente a los ataques, fruto del compromiso anunciado por el Gobierno de España durante la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrada en la ciudad de Palma, en mayo de 2019. La iniciativa, liderada por la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, así como de diversas organizaciones internacionales y ONG. 

El seminario, estructurado en tres módulos que se desarrollarán entre el 25 de mayo y el 8 de junio, está orientado a encontrar soluciones operativas que puedan mejorar la protección de la educación en situaciones de conflicto armado, ofreciendo un espacio de trabajo para el debate y la reflexión conjunta. 

Con un enfoque eminentemente práctico, las personas participantes compartirán experiencias y buenas prácticas en materia de protección de la educación, así como desafíos reales a la hora de implementar los compromisos asumidos en la Declaración y de poner en práctica las propias Directrices, identificando las oportunidades que existen de cooperar en este camino.

Se pondrá el foco, en especial, en el impacto diferenciado que los ataques contra la educación tienen para las mujeres y las niñas, así como en el seguimiento y la rendición de cuentas.  

Los ataques selectivos e indiscriminados contra la educación y el uso militar de las escuelas y universidades son, con demasiada frecuencia, una consecuencia devastadora de los conflictos armados y la violencia política. Provocan muertes, lesiones graves y daños psicológicos y afectan de manera desproporcionada a quienes a menudo ya están en situación de riesgo, como las niñas y las mujeres, las comunidades minoritarias y las personas con discapacidad. Más allá de estos daños, estos ataques reducen el acceso a la educación y su calidad. 

MÁS DE 3.000 ATAQUES CONTRA EL SISTEMA EDUCATIVO

Según la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), entre 2020 y 2021 se produjeron más de 3.000 ataques contra instalaciones educativas, estudiantes y personal docente. En ese mismo período, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares utilizaron escuelas y universidades para fines militares, como bases, cuarteles, puestos de tiro, armerías y centros de detención en 34 países. Las estudiantes y maestras fueron blanco directo de ataques debido a su sexo, incluso mediante bombardeos de escuelas de niñas, secuestros, violaciones y acoso, en al menos 570 ocasiones en 24 países en todo el mundo, incrementando en más del doble, en comparación con 2018 y 2019.

La región de Tigray en Etiopía, Myanmar, Palestina o Afganistán son, entre muchos otros, lugares donde estudiar es todo un reto, especialmente para las niñas. Lamentablemente, la guerra en Ucrania no está constituyendo una excepción a los ataques contra las escuelas y las instalaciones educativas en general: al igual que Naciones Unidas, no podemos más que condenar desde el primer hasta el último de los ataques contra instalaciones civiles, especialmente cuanto estas son escuelas, sin olvidar que, que constituyen una evidente violación del derecho internacional humanitario y que impactan directamente sobre la población civil que nunca debería verse afectada por ello. Las escuelas deben ser espacios seguros e inviolables para la infancia y el profesorado y los ataques contra ellas están clasificados por las Naciones Unidas como una de las seis violaciones graves cometidas contra la infancia.

En los últimos ocho años, la Declaración ha servido como instrumento efectivo para prevenir los ataques y mitigar el daño infligido a estudiantes, educadores e instituciones educativas por los ataques a la educación y el uso militar de las escuelas y las universidades. Se han hecho avances para implementar los compromisos de la Declaración, salvar vidas y proteger el derecho a la educación. Por ejemplo, más de 12 países han revisado su doctrina militar o sus manuales para restringir el uso de escuelas y universidades para fines militares. Además, varios países han incluido medidas para prevenir y responder a los ataques a la educación en sus políticas y programas nacionales.

La Declaración de Escuelas Seguras es un compromiso político intergubernamental, promovido por Argentina y Noruega, para proteger la educación durante los conflictos armados, e incluye el compromiso de utilizar las Directrices para la Protección de Escuelas y Universidades contra el Uso Militar durante los Conflictos Armados  e incorporarlas a la política nacional y los marcos operativos en la medida de lo posible y apropiado. Desde su publicación, en mayo de 2015, 106 países , entre ellos España, han respaldado la Declaración.