Agua y saneamiento rural: transformar comunidades desde el territorio

«Tú puedes estar sin luz, puedes estar sin teléfono, puedes estar hasta sin comida… pero sin agua, tú no puedes estar»

dice Cristina de Los Santos, de la provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana, donde se ejecuta un proyecto de agua y saneamiento. Un testimonio que resume lo que significa el acceso al agua para millones de personas en América Latina y el Caribe.

Porque hablar de agua no es hablar solo de infraestructura. Es hablar de tiempo recuperado, de niñas y niños que vuelven a estudiar, de mujeres que dejan de caminar kilómetros para cargar baldes… Agua es salud, dignidad, igualdad y futuro.

En muchas comunidades rurales, conseguir agua implica caminar hasta un pozo contaminado, y asumir que no será suficiente, o que no durará más de unos días, con suerte. En otras zonas, algunas familias deben dejar de comprar comida para poder pagar el agua embotellada. 

A pesar de los progresos registrados en las últimas décadas, la «brecha rural» continúa siendo significativa. Mientras que cerca del 96 % de los hogares en entornos urbanos dispone de acceso a fuentes mejoradas de agua, en las zonas rurales este porcentaje desciende a aproximadamente el 87 %, ampliándose aún más la diferencia al considerar el acceso a servicios de agua gestionados de forma segura. 

En materia de saneamiento, la desigualdad es todavía más acentuada. De acuerdo con el JMP, un 52 % de la población urbana en América Latina y el Caribe dispone de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. En contraste, en las áreas rurales predominan niveles de acceso más precarios: el

• el 75 % cuenta únicamente con saneamiento básico,
• un 6 % con servicios limitados y
• un 15,25 % con soluciones no mejoradas.
• Además, persiste un reducido pero significativo 3,17 % de la población que aún practica la defecación al aire libre.

Estas disparidades evidencian problemas estructurales persistentes, como la dispersión geográfica, una menor inversión y capacidades institucionales más limitadas en el ámbito rural.

Sin embargo, abrir un grifo está dejando de ser un privilegio y ha comenzado a convertirse en un derecho tangible en la región, gracias al esfuerzo de los países con los proyectos impulsados por el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y su trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante más de una década, las dos entidades han trabajado junto a gobiernos, comunidades, juntas de agua y organizaciones locales para transformar el acceso al agua y saneamiento en zonas rurales, periurbanas y pueblos indígenas de la región. Sus programas han llegado a comunidades históricamente excluidas en países como Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, Panamá, Perú o Ecuador, combinando infraestructura con participación comunitaria, fortalecimiento institucional y sostenibilidad ambiental.

Los resultados son concretos: más de 4 millones de personas con acceso a agua potable, 1,5 millones con acceso a saneamiento y más de 1 millón con tratamiento de aguas residuales. Además, se ha capacitado a miles de personas, se ha contribuido al fortalecimiento de los operadores y se ha trabajado activamente con los gobiernos para la puesta en marcha de normativas y legislaciones para fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos. Detrás de cada cifra hay historias profundamente humanas.

En Perú, iniciativas como el Programa de Mejora y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento se convirtieron en un referente regional para la intervención en zonas rurales. Implementado en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno, el programa no solo amplió el acceso a servicios de agua y saneamiento, sino que también fortaleció el tejido comunitario mediante procesos de intervención social y formación de juntas de agua. Además de construir 28.697 unidades básicas sanitarias, el proyecto logró movilizar 164 millones de dólares de recursos nacionales y aplicó un modelo de ejecución basado en «Núcleos Ejecutores», donde las propias comunidades lideran la implementación y gestión de los proyectos. Un esquema innovador para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales, que hoy se perfila como una experiencia replicable para otros países de la región.

«La obra física no se ve -porque las tuberías quedan enterradas, pero sentimos el cariño que nos han brindado»

dice uno de los beneficiarios de los programas del FCAS. 

En República Dominicana, proyectos como el Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento concentraron sus esfuerzos en las siete provincias más vulnerables del país, fortaleciendo el acceso a servicios esenciales en un contexto marcado por la lucha contra el cólera y otras enfermedades vinculadas al agua. El programa apostó por un esquema innovador de Asistencia Técnica Por Resultados, orientado a fortalecer a los operadores públicos mediante metas concretas de mejora en la prestación de los servicios. Más allá de la infraestructura, el objetivo fue consolidar operadores capacitados, servicios sostenibles y comunidades con mayor confianza en los servicios de agua y saneamiento.

«Parte de la comunidad Maleku fueron constructores de este acueducto», explican en Costa Rica los operadores tras su trabajo con pueblos indígenas. De la misma forma, en Colombia explican cómo a través de los proyectos de agua y saneamiento «se empoderó a la comunidad, se involucró, y la comunidad nos sorprendió con estas bellezas de obras de arte pintadas sobre los tanques». 

En Ecuador, en el cantón de Portoviejo, se ha trabajado muy de cerca con las comunidades rurales más alejadas, con el fin de incorporarlas en el gran programa de Agua y Saneamiento que se está llevando a cabo en todo el cantón. Allí se ha impulsado muy especialmente la participación de las mujeres, que se han formado para actuar como lideresas comunales y representantes en las Juntas del Agua. 

Y hay algo más importante aún: estos proyectos no terminan cuando se inaugura la obra. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, protege fuentes naturales que luego son utilizadas para agua potable y riego, y sostienen los ecosistemas. La gestión integrada del recurso hídrico deja de ser un concepto técnico y se convierte en una práctica cotidiana que protege ecosistemas y fortalece la resiliencia de comunidades enteras. Por eso, cuando los beneficiarios de Costa Rica dicen: “No es un momento, es una vuelta a la vida”, no están exagerando.

El agua transforma hogares y transforma relaciones comunitarias, economías locales y oportunidades de desarrollo. Refuerza la higiene, reduce enfermedades, mejora la asistencia escolar y fortalece la autonomía y vínculos de las comunidades. En muchos casos, son además las mujeres quienes lideran juntas de agua, procesos de sensibilización y estrategias de sostenibilidad, convirtiéndose en protagonistas del cambio.

En un contexto regional marcado por el cambio climático, las desigualdades territoriales y la presión sobre los recursos hídricos, la experiencia acumulada por los países junto con el BID y el FCAS ofrece lecciones fundamentales: las soluciones más sostenibles son aquellas construidas desde las comunidades en armonía con el territorio.

Ese ha sido precisamente uno de los grandes desafíos y conversaciones en la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN), que tuvo lugar la primera semana de junio de 2026: cómo acelerar el acceso universal al agua y al saneamiento sin dejar atrás a las zonas rurales, indígenas y periurbanas. 

La AECID ha tenido una importante presencia en este encuentro, que giró en torno a cinco ejes. Uno de ellos, el de Saneamiento Rural, donde la subdirectora de Transición Ecológica, Agua, Lucha contra el Hambre y la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, Emma Orejudo, moderó la sesión de apertura, en la que estuvieron presentes Wellington Amin Arnaud Bisonó, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de República Dominicana y Viviana Mariscal Montaño, viceministra de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolivia.

Los aprendizajes impulsados por FCAS y FECASALC —desde la gestión comunitaria hasta la gobernanza hídrica, la participación social y el enfoque territorial— serán esenciales para pensar el futuro del saneamiento en la región. Porque LATINOSAN no solo es un espacio para discutir políticas públicas: ha sido también una oportunidad para recordar que, detrás de cada proyecto, hay comunidades enteras recuperando algo tan básico y poderoso como la posibilidad de vivir con dignidad y mirar de nuevo al futuro.